El presidente del Congreso del Trabajo de Nigeria, Adams Oshiomhole, insiste en que 
Después de más de dos años de incertidumbre, el gobierno federal nigeriano aceptó aumentar el salario en 12 % generalizado a sus más de 1.5 millones de servidores públicos.
Sin embargo, en un hecho sin precedentes, el incremento salarial aplica únicamente solamente para los servidores públicos del nivel federal. Los trabajadores al servicio de los gobiernos estatales y locales no se beneficiarán automáticamente del incremento y tendrán que negociar directamente con sus empleadores. Cada gobierno estatal y local tendrá que decidir si incrementa el salario de sus empleados o mantiene la actual estructura salarial.
Este es un cambio radical en las prácticas tradicionales. Hasta ahora, los servidores públicos en Nigeria –federales, estatales y locales– siempre gozaron de paridad salarial sin importar la naturaleza de sus empleadores.
La política de “ paga lo que puedas pagar”
En todo el país se han expresado temores en relación con esta nueva política de “paga lo que puedas pagar”, porque se considera que generará tensiones e intranquilidad laboral en Nigeria ya que los servidores públicos empleados por los gobiernos de los consejos estatales y locales definitivamente insistirán en la igualdad salarial con respecto a sus colegas federales.
Al anunciar el incremento salarial para los empleados federales durante la celebración del Día del Trabajo, el 1º de mayo, el presidente Olusegun Obasanjo dijo que a pesar de que su administración ha accedido a la demanda de los empleados por una revisión del incremento salarial, “algunas cosas tendrán que hacerse a cambio”.
“No sé qué, pero sé que haremos todo lo posible para reducir el desperdicio, la ineficiencia y la corrupción en nuestro sistema”, dijo.
A pesar de que el presidente no predijo “lo que tendrá que hacerse a cambio”, los trabajadores y los sindicatos han interpretado este pronunciamiento como una sutil amenaza y existe especulación acerca de que la administración federal podría iniciar recortes de personal como una manera para obtener fondos suficientes para pagar los nuevos salarios.
La especulación sobre los inminentes recortes de personal tiene bases sólidas. Anualmente, el gobierno federal gasta la mayor parte de su presupuesto en salarios y gastos administrativos, dejando poco para gastos de capital. “Hemos estado consumiendo casi todos nuestros ingresos y esto debe terminar, como gobierno
Kingsley Kubeyinje es editor para la News Agency of Nigeria (NAN), una agencia de noticias propiedad del gobierno federal. Ha sidotambién el corresponsal de la agencia para África del Este y Suroeste.
haremos todo lo que sea necesario para detener esta tendencia. Mi
meta es gastar 25% de los ingresos gubernamentales en proyectos de capital, de tal manera que no más de 75% vaya al gasto corriente”, dijo Obasanjo.
El último incremento salarial ocurrió en mayo de 2000. Con apenas un año en el cargo, el gobierno federal liderado por Obasanjo garantizó lo que describió como un “salario mínimo para vivir” para todos los servidores públicos del país –consejos federal, estatales y locales. Etiquetado por los medios de comunicación como el “paquete salarial jumbo”, el incremento salarial produjo un aumento de más de 100% en los ingresos de los servidores públicos con salario mínimo, que en moneda nigeriana anteriormente era de cerca de 3,500 nairas (28 dólares norteamericanos) para alcanzar las 7,500 nairas (60 dólares) por mes. Junto con este incremento, el gobierno federal y el sector laboral acordaron también que en el año 2002 habría un aumento adicional de 25%, y otro posterior de 12.5%.
Los “pies fríos” del gobierno
Sin embargo, el gobierno federal hizo caso omiso de los acuerdos de 2000 y se negó a aceptar incrementos salariales en 2001 y 2002, argumentando que una economía que gira alrededor de un solo producto –la venta de petróleo crudo representa 90% de los ingresos de divisas extranjeras del país– no podría soportar los incrementos salariales. La administración federal y el sector laboral se reunieron en varias ocasiones para tratar el tema.
Durante dos años las negociaciones permanecieron en punto muerto. El gobierno se negaba a aceptar aumentos salariales, mientras que los sindicatos insistían en que los acuerdos de 2000 tenían que ser puestos en marcha, tomando en cuenta los deteriorados estándares de vida de los nigerianos, cuyo ingreso per cápita había caído a su nivel más bajo en los años recientes, muy por debajo de los 300 dólares por año. Durante el impasse en las negociaciones, el gobierno incluso negó haber aceptado los aumentos salariales de 2001 y 2002. Al final, aceptó la existencia de tales compromisos, pero sólo después de la publicación de los acuerdos de 2000 en los periódicos de mayor circulación nacional a cargo del Congreso del Trabajo de Nigeria, la organización laboral más poderosa del país, así como de la amenaza de una inminente huelga nacional. De hecho, el presidente Obasanjo accedió al reciente incremento salarial semanas antes de que asumiera su segundo periodo presidencial de cuatro años, el 29 de mayo de este año.
A pesar de que el “paquete salarial jumbo” de 2000 fue un alivio bienvenido por los empleados del sector público, está creando inmensos problemas económicos y políticos para los 36 gobiernos estatales del país, así como para los 774 consejos locales, de los que “se esperaba naturalmente” que asumieran y pagaran las nuevas tarifas a sus cerca de 3 millones de empleados.
De esta manera, los gobiernos estatales y locales no vieron con buenos ojos estos eventos, ya que las asignaciones mensuales que reciben de la federación difícilmente pueden cubrir las nuevas tarifas salariales.
Federations Vol. 3, No. 3, Agosto del 2003
El legado del régimen militar
A pesar de que Nigeria es una federación, los largos años de régimen militar han dejado un impacto negativo en su práctica del federalismo. A través de una estructura jerárquica de “ordena-yobedece”, los militares gobernaron al país como un Estado unitario, como un centro poderoso y dominante. Bajo el régimen militar nigeriano –que ocupó el poder durante 29 de los 42 años de vida de la nación como Estado soberano- hubo una total falta de respeto para los delicados conceptos del federalismo tales como la separación de poderes, el respeto a las listas legislativas y otras esferas de influencia.
El gobierno federal militar dictaba lo que debía hacerse sin importar si el tema en cuestión pudiera corresponder al dominio exclusivo de los gobiernos estatales o locales. De hecho, los militares suspendieron la Constitución de la nación y gobernaron con base en decretos. No había espacio para el disenso, los gobernadores eran nombrados a la voluntad y capricho del jefe de Estado, que controlaba el gobierno federal.
Una vez restaurada la democracia el 29 de mayo de 1999, los gobiernos estatales comenzaron a demandar y a reconocer sus derechos constitucionales y autoridad. Los gobiernos estatales criticaron abiertamente el gobierno federal y cerraron filas frente a la administración de Obasanjo por actuar de manera impropia y unilateral en el tema de los salarios, sin haberlos consultado antes de prometer un aumento salarial generalizado a los servidores públicos, independientemente del nivel de gobierno que actúa como empleador.
Los estados utilizan su libertad para decir no
En su recién descubierta “libertad”, la mayoría de los gobiernos estatales se comprometieron a no aplicar los incrementos salariales de 2000, argumentando que el gobierno federal ya no tiene el poder para dictarles cursos de acción. “Obasanjo aún está sufriendo la cruda militar”, dijo en tono molesto Bola Tinubu, gobernador del estado costero de Lagos, la antigua capital federal. “No puede decirme lo que debo pagar a mis empleados. Para empezar, él no los contrató. No puede imponerme las condiciones de servicio para mis trabajadores”. Cabe mencionar que Lagos tiene más de 50,000 empleados en su nómina.
Tinubu no fue el único. La falta de voluntad inicial de los gobiernos estatales para aplicar el incremento salarial laboral del año 2000 impuesto por el gobierno federal, condujo a constantes huelgas en todo el país, ya que los empleados estatales y locales insistieron en tener paridad salarial respecto a sus colegas federales, “tal como había sido la tradición”.
Bajo un escenario de insistentes paros laborales, resentimiento generalizado y creciente impopularidad, los gobernadores de los estados han sucumbido uno tras otro, pero no sin resistencia.
¿Cómo financiar los salarios?
Encontrar fondos para pagar los incrementos salariales del año 2000 se ha convertido en un problema monumental para los estados, excepto para los pocos que poducen petróleo –Delta, Rivers, Bayelsa, Cross River, Akawa e Ibomb- que reciben asignaciones de fondos especiales conocidos como “fondos derivados”, además de las asignaciones obligatorias provenientes de los ingresos federales. Sin embargo, dado que fueron consideraciones políticas las que originalmente influyeron en la creación de la mayoría de los estados en Nigeria, solamente algunos de ellos son económicamente viables, o pueden sobrevivir por su cuenta sin los subsidios mensuales o dádivas del gobierno federal. Algunos estados generan mensualmente sólo 5 millones de nairas (40 mil dólares) por concepto de tarifas e impuestos, pero sus gastos mensuales exceden los 500 millones de nairas (4 millones de dólares).
Después del incremento salarial del año 2000, los gobiernos estatales insistieron en el incremento de sus asignaciones mensuales provenientes de las cuentas federales. La asignación de recursos se incrementó significativamente para los consejos estatales y locales – la mayoría de los estados reciben ahora hasta tres veces más de lo que recibían bajo el régimen militar. Aún así, están encontrando dificultades para pagar sus enormes cuentas de nómina. Los trabajadores en estados como Anambra, Ekiti, Plateau, Osun, Oyo, Enugu y Edo han recurrido a huelgas frecuentes y prolongadas para protestar contra la irregularidad en el pago de sus salarios, así como contra la falta de pago de otros derechos, tales como sus gratificaciones anuales por vacaciones.
La reciente derrota de muchos gobernadores estatales que buscaron la reelección en los comicios locales del 19 de abril, ha sido parcialmente justificada por la incapacidad de cumplir sus obligaciones mensuales con sus empleados, quienes, a pesar de que constituyen una pequeñísima fracción del electorado, son políticamente poderosos. En Nigeria, los servidores públicos son formadores de opinión y ejecutores de los proyectos de gobierno, por lo que pueden determinar el éxito o fracaso de los programas e incluso ocasionar problemas a sus gobernadores.
El gobierno federal en acción
La acción más reciente del gobierno federal sigue el espíritu y letra del federalismo, ya que restringe los incrementos salariales para los servidores públicos estatales y locales en su propia nómina. Sin embargo, esto aumentará las tensiones entre los gobernadores y los empleados estatales, ya que los trabajadores al servicio de los estados y de los gobiernos locales no aceptarán una disparidad en el pago de los salarios. A pesar de su posición anterior, los gobernadores estatales estarán igualmente incómodos con el nuevo arreglo, debido a que cualquier intento por ignorar el incremento salarial en el ámbito federal podría desencadenar problemas laborales.
“Lo que el gobierno federal ha hecho equivale a eliminar cualquier posibilidad de avance. Los gobiernos estatales estarán obligados a
someterse, ya que ningún gobernador quiere ser
impopular entre sus servidores públicos”,
dijo Jide Adenrele, un líder sindical del
estado de Abuja.
El presidente del Congreso del Trabajo de Nigeria, Adams Oshiomhole, insiste en que
el nuevo incremento salarial debe ser parejo.
“Los gobiernos estatales tendrán que aplicar
el 12.5% de incremento salarial. La gran
mayoría de los estados pueden y deben
pagar. Aquellos que no puedan pagar deben
explicar por qué no pueden hacerlo”, dijo el
dirigente.
Mientras que dos gobiernos estatales -Rivers y Zamfara- han acordado abiertamente pagar el 12.5%, otros aún no han revelado sus posiciones sobre el tema.
Arcas vacías en los estados
Los meses por venir serán muy demandantes. Algunos de los gobernadores recién electos ya están quejándose de las nimias arcas heredadas por sus predecesores. El gobernador del estado de Ekiti, Ayo Fayose, ha alertado sobre la deuda de 6 mil millones de nairas (48 millones de dólares) dejada por su antecesor, Nigy Adebayo, y ha presentado asimismo el caso ante el gobierno federal. La nueva administración en el estado de Kogi, dijo que el gobierno anterior le dejó una deuda de 15 mil millones de nairas (120 millones de dólares). De esta manera, para muchos estados de Nigeria será muy difícil aplicar el incremento salarial de 12.5 %.
Muchos empleados estatales dijeron que están preparados para repetir las revueltas del 2000 – que llevaron al despido de algunos de sus colegas. Independientemente si los estados siguen o no la guía federal, lo que sí es seguro es que la débil estructura federal 
de Nigeria enfrentará un duro camino en los meses por venir.
Federaciones Vol. 3, No. 3, Agosto del 2003
