Presidente, su oficial suplente, los 36 gobernadores de los estados y responsabilidad”, dijo el todos los anteriores presidentes, se reunió en respuesta a la Presidente. convocatoria del Presidente Olesegun Obasanjo.
También acusó a los gobiernos estatales de crear indiscriminadamente
Tan sólo horas después de esta reunión, Obasanjo anunció en una transmisión a todo el país la creación de un comité técnico de alto nivel formado por once miembros para revisar la reestructuración de la gobernabilidad en el nivel local. El comité está formado por expertos en asuntos de gobierno local de cada una de las seis zonas geopolíticas del país. Desde agosto el comité ha estado funcionando y recibiendo representaciones y memoranda por parte de los interesados.
El destino de los municipios pende en la balanza
A partir de sus propios puntos de referencia, el comité examinará el problema de la ineficiencia y el alto costo de la gobernabilidad en el país, con miras a reducir los costos y despilfarros en los tres niveles de gobierno. También revisará el desempeño de los gobiernos locales en los últimos cuatro años y determinará mantener o no al gobierno local como tercer nivel de gobierno. Asimismo, se le ha encomendado analizar el alto costo de las campañas electorales en el país y considerar, entre otras opciones, la conveniencia de que sean los partidos políticos, y no los individuos que buscan puestos públicos, quienes hagan campaña por los votos en las elecciones.
Obasanjo lamentó que en vez de funcionar como catalizadores y apoyo para el desarrollo de las bases populares, los 774 consejos de gobierno local reconocidos constitucionalmente en el país hayan tenido un pobre desempeño y fueran generadores de despilfarros
Kingsley Kubeyinje es editor en la Agencia de Noticias de Nigeria (ANN), del gobierno federal. También ha trabajado como corresponsalde la agencia en África del este y del sur.
nuevos consejos locales en adición a los 774 autorizados por la Constitución. Lamentó la fragmentación, especialmente la división de pueblos y ciudades en mini-consejos locales.
La consecuencia inmediata de la iniciativa presidencial fue que las elecciones de consejos locales se pospusieron por tres meses. Las votaciones, en las que participarían más de 8,000 candidatos para las posiciones de presidente y consejero, estaban originalmente programadas para el sábado 20 de junio de 2003. En estos momentos, nadie tiene la
certeza de cuando se celebrarán las elecciones o siquiera si éstas se llevarán a cabo efectivamente.
Dos bandos en la batalla municipal
Como era de esperarse, el debate sobre la planeada reestructuración ha generado tanto críticos como partidarios, y esto ha polarizado aún más al país, creando tensión en los ya terriblemente opuestos círculos político-administrativos. Entre los escépticos está el sindicato que agrupa a los tres millones de trabajadores de los gobiernos locales del país, los partidos de oposición bajo el patrocinio de la Conferencia de Partidos Políticos Nigerianos (CPPN), organizaciones no gubernamentales, abogados y académicos. Algunos gobernadores estatales que son miembros del Consejo Nacional de Estados también se han manifestado contra las reformas propuestas, argumentando que las aceptaron bajo engaño. Once partidos de oposición ya han interpuesto una demanda legal ante la Suprema Corte Federal en Abuja, afirmando que la decisión del partido en el poder, el Partido Democrático del Pueblo (PDP), condujo al gobierno federal a “alterar” los consejos, así como a posponer sus elecciones.
Un vociferante crítico y baluarte de la oposición es Attahiru Bafarawa, gobernador del estado de Sokoto, situado al noroeste del país y dominado por musulmanes. Bafarawa se apresuró a señalar un elemento étnico en el tema propuesto acusando al presidente –cristiano del suroeste de Nigeria– de estar jugando una carta étnica y bailar al canto de su grupo tribal, los Yoruba. Los Yoruba habían estado demandando la reestructuración total del gobierno federal y
Federaciones Vol. 3, No. 4, Noviembre de 2003
de sus círculos político-administrativos con el objeto de alcanzar lo que ellos llaman una “verdadera” federación, similar a las de Canadá, Suiza y Alemania.
El Sindicato Nigeriano de Empleados de Gobiernos Locales (SNEGL) había convocado al gobierno federal al diálogo con todas las partes interesadas antes de embarcarse en cualquier reforma o bien, enfrentarse al riesgo de una
manifestación masiva y a la furia de sus
La relevancia de los consejos locales con la intención de preservar la autonomía de
miembros. El Secretario General del SNEGL, mascotas, así como la ubicación de tiendas,Abubakar Salam, declaró que el Sindicato no kioscos, restaurantes y panaderías.
estaba “totalmente” en contra de las reformas, pero que la reestructuración debía ser realizada
como tercer nivel de gobierno destaca los consejos locales y no para dañarla. por el hecho de que la constitución les proporciona fondos directos. La creación
Dos de los grandes partidos de oposición, el de nuevos consejos también es un asuntoPartido de Todos los Pueblos de Nigeria constitucional, el cual debe ser aprobado (PTPN), y la Gran Alianza de Todos los por el parlamento bicameral federal.
Progresistas (GATP), han calificado las
reformas propuestas como anticonstitucionales. El PTPN, cuyo candidato fue el principal rival de Obasanjo en las elecciones presidenciales del pasado 19 de abril, dijo que la reestructuración planeada era sospechosa y comparable a un golpe de estado contra los nigerianos.
¿Es sacrosanto el gobierno local?
Una organización no gubernamental, el Proyecto de Derechos Constitucionales (PDC), dijo que la constitución de la nación garantiza que el sistema de gobiernos locales sea administrado por consejos locales de gobierno democráticamente electos. “Este mandato constitucional hace que el asunto sea considerado como “sacrosanto” y, por tanto, no esté sujeto a los caprichos del gobierno federal. En otras palabras, el gobierno federal no está en libertad para jugar con el tema de gobierno local, y es claramente anticonstitucional hacerlo”, dijo el PDC.
Hablando a nombre del partido gobernante, el PDP, en el estado de Ondo, al suroeste de Nigeria, Leye Akinyosotu, defendió al gobierno señalando la necesidad de realizar una reestructuración fundamental del sistema de gobierno local. “Una situación donde unos cuantos se reparten las partidas asignadas por ley a los gobiernos locales, mientras que el pueblo se sume en la pobreza, ya no puede ser perdonada”, dijo en una aparente referencia a la corrupción y a los malos manejos en los consejos locales.
Reformas antes de un golpe de estado
Irónicamente, la actual estructura del gobierno local fue creada en 1976, como consecuencia de las reformas fundamentales realizadas por el mismo Obasanjo –en aquél momento jefe de Estado militar– en un momento de preparación del país al retorno a la democracia. A pesar de que el 1 de octubre de 1979 Obasanjo le entregó el poder a un presidente democráticamente electo, Shehu Shagari, el experimento democrático que dio nacimiento a la Segunda República de Nigeria sólo duró hasta el 31 de diciembre de 1983. En esa fecha, el gobierno fue tomado por asalto en un golpe de Estado encabezado por el General Muhammadu Buhari, quien se convertiría en el principal oponente de Obasanjo en las últimas elecciones presidenciales.
El principal objetivo de las reformas de 1976 fue liberar a los consejos locales de la excesiva interferencia de otros niveles de gobierno y establecer una vibrante y efectiva administración popular. Como resultado de la reforma, los gobiernos locales fueron reconocidos legalmente como el tercer nivel de gobierno con poderes, funciones y una partida de los ingresos nacionales.
Específicamente, el cuarto capítulo de la Constitución enlista como funciones de los gobiernos locales la recaudación de impuestos a la propiedad, licencias de radio y televisión, establecimiento de cementerios, mercados, rastros, estacionamientos, asilos para los pobres, licencias de bicicletas, canoas, carretillas manuales y carritos, así como la asignación de nombres a caminos y calles y la numeración de las casas. También es responsabilidad constitucional de los consejos locales proveer y mantener el drenaje y los depósitos de basura,
imponer y recaudar cuotas vecinales,
regular los anuncios exteriores, la
Un plan para dar a los estados mayores ingresos
Bajo la fórmula de distribución del ingreso –próxima a ser eliminada–, los consejos locales se llevan 21 por ciento de la totalidad de los ingresos obtenidos federalmente, contra 55 por ciento que va al gobierno federal y 25 por ciento para los estados. En la nueva fórmula de distribución que se debate actualmente en el parlamento, 20 por ciento del ingreso irá a los consejos locales, 47 por ciento al gobierno federal y 33 por ciento a los 36 gobiernos estatales y Abuja, la capital federal del país.
Pero, ¿han fallado realmente los gobiernos locales? El sentimiento generalizado es que no han satisfecho las expectativas de la gente. Ciertamente los empleados de los gobiernos locales admiten algunas deficiencias, pero insisten en que los consejos han enfrentado circunstancias que son parcialmente responsables de su mal desempeño. En un memorándum presentado al comité de reestructuración, el SNEGL admitió que cerca de 750 mil millones de nairas (USD 6 mil millones) fueron desembolsados a los 774 gobiernos locales entre mayo de 1999 y mayo de 2003. Sin embargo, el SNEGL insistió en que los consejos locales fueron presionados al máximo porque fueron forzados a asumir una gran cantidad de facturas de proyectos que ellos no habían iniciado. Aún peor, se trataba de proyectos que se encontraban fuera del ámbito de sus responsabilidades constitucionales. El Sindicato explicó que estas responsabilidades adicionales hicieron prácticamente imposible a los consejos la provisión de servicios a la población.
El SNEGL destaca además los 463.2 mil millones de nairas (USD 3.7 mil millones) deducidos en los últimos cuatro años por concepto de pago de maestros de escuelas primarias, que debieron haber sido pagadas por el gobierno federal; los 37.5 mil millones de nairas (USD 300 millones) que los gobiernos estatales pagaron a líderes tradicionales desde las cuentas de los gobiernos locales, y los
176.9 mil millones de nairas (USD 1.4 mil millones) pagados como honorarios a funcionarios en puestos políticos en los gobiernos locales. El SNEGL hizo hincapié en que la Comisión Fiscal y de Asignación para la Movilización del Ingreso, organismo creado por el gobierno federal, forzó el paquete de asignaciones a los consejos. También señala los 4.4 mil millones de nairas (USD 35.2 millones), que fueron deducidos por el gobierno federal y utilizados para la compra de 1,000 jeeps para la policía –un órgano federal–, así como para el financiamiento obligatorio de las elecciones generales de abril. El SNEGL dice que a cada uno de los 774 consejos le fueron gravados 10 millones de nairas (USD 80, 000) para las elecciones, y también fueron obligados a financiar instituciones estatales de servicios terciarios y otros proyectos iniciados por los gobiernos estatales.
Considerando la gama de responsabilidades “adicionales” que fueron obligados a admitir, los consejos locales afirman que su desempeño no podría haber sido mejor.
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