Las elecciones presidenciales de 2000 en los Estados Unidos resultaron bastante confusas para el mundo entero. El candidato que contaba con la mayoría del voto popular las perdió y, en varios estados, los funcionarios electorales fueron incapaces de hacer algo tan sencillo como contar papeletas. La determinación final de la elección la tomó la Suprema Corte y la controversia dejó en los estadounidenses –y en el resto del mundo– la interrogante acerca de cómo se resolverían los problemas electorales en ese país.

La controversia electoral disparó el interés del Congreso por la reforma electoral y se presentaron, por lo menos, dos proyectos nacionales de reforma en la materia, que hacían recomendaciones para reformar el proceso. Estos proyectos y la legislación que promovían ofrecen el marco teórico para comprender la forma en que los estadounidenses cambiarán su manera de votar en la elección presidencial del 2 de noviembre de 2004, respecto a 2000.

¿Es antidemocrático el Colegio Electoral?

En 2000, el candidato demócrata, Al Gore, obtuvo el mayor número de votos pero perdió las elecciones presidenciales ya que, en los Estados Unidos, el Presidente no es electo, en términos estrictos, por el voto popular que recibe de sus ciudadanos, sino a través del “Colegio Electoral”. Cada estado tiene un número determinado de “electores”. Esta cifra equivale al número de Miembros del Congreso que lo representan en ambas cámaras (Cámara de Representantes y Senado). Los electores emiten su voto para presidente según quién haya recibido el mayor número de votos en su estado. Como resultado, un estado poco poblado como Wyoming cuenta por lo menos con tres votos mientras que California cuenta con 55 (en números redondos, la población de California es 72 veces mayor a la de Wyoming). Esta fórmula se remonta al momento en que se redactó la Constitución, cuando los estados pequeños querían tener mayor injerencia en la manera de seleccionar al Presidente y, a su vez, los “Padres de la Patria” buscaban evitar que el pueblo “sin educación formal” eligiera en forma directa al Ejecutivo.

Tova Andrea Wang es Ejecutiva de Programa y Miembro de Democracia de The Century Foundation. Su trabajo se enfoca en la reforma electoral, los derechos electorales, y libertades civiles.

Thad Hall es Ejecutivo de Programas de The Century Foundation y coautor (junto con Michael Álvarez) de Point, Click, and Vote: The Future of Internet Voting.

Ambos autores trabajaron en la Comisión Nacional para la Reforma Federal Electoral, una de las dos comisiones que hizo recomendaciones para reformar el proceso electoral estadounidense.

Muchas personas piensan que el sistema se ha vuelto anacrónico, y las críticas han cobrado fuerza a la luz del recuento de las elecciones del 2000.

A lo largo de los años, se han presentado diversos proyectos de ley en el Congreso para reformar o abolir el Colegio Electoral. Sin embargo, ninguna de las propuestas importantes de reforma electoral surgidas después de las elecciones de 2000 ha buscado reestructurar al Colegio Electoral, en parte porque sería necesario enmendar la Constitución, lo cual no tiene ninguna posibilidad, desde el punto de vista político.

El Colegio Electoral no sólo puede arrojar resultados electorales incongruentes sino que además influye de forma importante en la manera en que los candidatos manejan sus campañas. Generalmente, los candidatos invierten recursos y hacen campañas serias en los estados en los que no predomina un partido político específico. Se espera que en 2004, 18 de los 50 estados representen una competencia real entre los dos principales partidos.

Con un electorado que, en términos prácticos, está dividido simétricamente, es posible que en 2004 el candidato que obtenga la mayoría del voto popular nuevamente no sea el que llegue a la presidencia.

No se materializaron los presupuestos prometidos para los órganos electorales

Una vez desechada la reforma del Colegio Electoral, la mayoría de las propuestas de reforma electoral se centraron en mejorar los procesos del padrón electoral, votaciones, y el conteo de votos. En 2002, como una medida para promover el proceso de reforma electoral, el Congreso aprobó la Ley de Apoyo al Voto en los Estados Unidos (HAVA, por sus siglas en inglés).

En términos generales, la HAVA fue diseñada para promover reformas electorales en los estados, y para brindarles importantes recursos financieros para emprender tales reformas. La ley prometía cerca de 4 mil millones de dólares para mejorar el padrón electoral, los sistemas de votación, la contratación y capacitación de funcionarios de casilla, así como la promoción y fomento de una cultura electoral para el periodo 2003-2005. Además, los estados debían alcanzar ciertos estándares en la computarización del voto, aprobar nuevos padrones electorales y procedimientos de identificación, al igual que permitir que los votantes, cuyo estado de registro fuera cuestionado, emitan “votos provisionales”, y modernizar los procedimientos de empadronamiento.

Uno de los aspectos más relevantes de la HAVA es que por primera vez el gobierno federal invierte parte de su presupuesto en administrar las elecciones. Hasta ahora, la administración electoral era un asunto de carácter exclusivamente estatal y local. Desafortunadamente, el Congreso y el Presidente no han otorgado la totalidad de los

Federaciones Vol. 4 No. 2, Julio de 2004

recursos previstos para esta ley. En 2003, el Congreso sólo asignó mil quinientos millones de dólares (70% de la cantidad autorizada inicialmente) para la implantación de la HAVA y, peor aún, el retraso en la institución de la nueva Comisión Federal de Asistencia Electoral –órgano encargado de distribuir estos fondos a los estados– ha impedido que se liberen más de la mitad de estos recursos. Los mil millones de dólares adicionales que se asignaron en 2004 tampoco han sido entregados a los estados. El Presidente propuso que en 2005 sólo se gastaran 65 millones de dólares, 10% de lo que el Congreso había previsto.

Quien no estuviera registrado, no podría votar

El caso de los Estados Unidos es uno de los pocos en el mundo en que los votantes deben tomar la iniciativa de registrarse para votar. Concretamente, la primera vez que una persona quiere votar en una elección debe registrarse ante los funcionarios electorales locales, generalmente con 30 días de anticipación. Debido a que hasta ahora los padrones electorales habían estado bajo el control individual de los gobiernos locales, cada vez que una persona cambiaba de dirección debía registrarse nuevamente. Esta situación puede resultar bastante onerosa, pues una tercera parte de la población estadounidense cambia de dirección en un periodo de dos años.

Para enfrentar este problema, la HAVA consolida el padrón electoral en el ámbito estatal. Para ello, se asignarán fondos federales a los estados con la finalidad de construir sus respectivas bases de datos. Éstas deben vincularse con las bases de datos de otros estados para garantizar que el padrón sea lo más exacto posible. Aunque la HAVA exige que los estados establezcan sus bases de datos para 2004, la mayoría de ellos ha solicitado una exención para que el plazo se amplíe hasta 2006. Sólo 10 estados habrán completado un sistema de padrón estatal en 2004. Por lo tanto, en la mayoría de los estados el padrón será igual que en 2000, y cabe la posibilidad de que los votantes lleguen a las casillas el día de la elección y descubran que no se encuentran registrados para votar.

La aportación de la HAVA para solucionar este problema es permitir que cualquier votante que crea estar registrado y asista a la casilla pero no aparezca en el padrón pueda emitir un “voto provisional”. Más tarde el estado determinará si ese voto deberá ser tomado en cuenta.

Finalmente, la HAVA indica que cualquier persona que se registre por primera vez para votar por correo en una jurisdicción debe presentar algún tipo de identificación, ya sea en el momento de registrarse o al votar. Este aspecto de la ley ha sido sumamente controvertido: muchos defensores de las libertades civiles están preocupados de que algunos grupos como los ancianos, las minorías y los pobres no tengan los documentos necesarios. Además, algunos funcionarios de casilla podrían aplicar inapropiadamente o de forma discriminatoria este requisito.

¿No hay registro en papel de los votos?

Así como el proceso de empadronamiento de los Estados Unidos es distinto al de muchos países, también lo es la manera en que las votaciones se llevan a cabo. Prácticamente todos los estados tienen elecciones federales, estatales y locales simultáneamente, por lo que se vota por todos los cargos –desde Presidente de los Estados Unidos hasta alguacil local– dentro de un mismo proceso. Esta complejidad hace que casi todos los participantes voten en boletas que, al menos, puedan ser contadas electrónicamente. Así, todas las contiendas pueden contarse simultáneamente.

En el periodo subsiguiente a las elecciones de 2000, se consideró que las tarjetas perforadas que sirvieron de papeletas electorales eran el factor principal para cuestionar las elecciones. La HAVA fomentó que los estados modernizaran sus sistemas de votación y muchas jurisdicciones avanzaron hacia sistemas electrónicos y computarizados, dejando atrás el uso de boletas de papel. Al mismo tiempo, muchas otras jurisdicciones, preocupadas por el financiamiento y el fraude, decidieron mantener las cosas tal y como estaban. En 2004, aproximadamente 32 millones de votantes seguirán votando en las máquinas de tarjetas perforadas.

Resulta interesante, ahora que todo el mundo está familiarizado con los problemas que pueden surgir al contar boletas de papel, que varios estudios realizados después de la debacle electoral de 2000 señalan problemas adicionales. Por ejemplo, las boletas de papel no son accesibles para los votantes invidentes, quienes dependen de otra persona para que les interprete la papeleta y vote en su lugar. Además, muchos estudios indican que los votos de las minorías en boletas de papel corren mayor riesgo de no ser contabilizados.

Estas inquietudes con relación a los sistemas de papel han generado que la proporción calculada de votantes que utiliza equipo electrónico aumente de 13 a 29 por ciento. Sin embargo, la transición de boletas de papel a votaciones electrónicas no ha sido fácil en gran parte del país. En la década de 1990, muchas compañías empezaron a desarrollar y poner en el mercado nuevos sistemas electrónicos de votación, pero muchos de ellos suelen no estar bien diseñados. Además, una serie de errores por parte de los fabricantes de sistemas de votación (Diebold Corporation, el más notable) ha debilitado de manera importante esta transición en los últimos dos años.

Un gran número de estadounidenses y de funcionarios de elección popular está cada vez más preocupado por que las máquinas de votación computarizadas puedan funcionar mal o ser sistemáticamente alteradas por hackers. Su preocupación radica en que si el único conteo de votos está dentro de las máquinas, cuando haya una elección cerrada o cuando ésta sea cuestionada, no habrá manera de hacer un conteo independiente. En los últimos dos años, varios estudios y algunos incidentes pequeños en elecciones reales han demostrado que estas inquietudes deben ser tomadas en serio.

Actualmente, muchos estados están considerando solicitar que todos los sistemas electrónicos de votación tengan un registro en papel que sea verificado por el votante. En ese caso, los votantes podrían revisar una versión impresa de su voto electrónico y votar tanto en boletas electrónicas como de papel.

Sin embarge, en una elección cerrada, la combinación del voto en papel (que utiliza un gran número de personas) con el voto electrónico (que utiliza cerca de 30 por ciento del electorado y del que muchos desconfían) generará un escrutinio intenso y altamente partidista.

¿Probarán distintos sistemas en los Estados Unidos?

La debacle electoral de 2000 ejerció una fuerte presión sobre todos los actores –desde el Congreso hasta los funcionarios electorales locales– para que resolvieran los problemas y reformaran la administración electoral de forma inmediata. Lamentablemente, es difícil saber si se ha seguido el camino correcto. Como lo hizo notar un periodista, los estados pueden fungir como “laboratorios experimentales”. Después de la elección de 2000, puede ser benéfico que la nueva Comisión Federal de Asistencia Electoral financie experimentos de reforma electoral específicos en los estados y ciudades –en forma similar a lo que se hace en Gran Bretaña actualmente– para determinar la manera de evitar que vuelvan a aparecer los problemas de las elecciones del año 2000.

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