Andrés Manuel López
educación básica de la ciudad de
Obrador, Jefe de Gobierno
México. Pero la reforma constitucional
del Distrito Federal.
que actualmente está en espera del dictamen de la Cámara de Senadores podría obligar al gobierno del Distrito Federal a pagar el costo de sus escuelas, la ciudad se vería frente a una decisión difícil: elevar los impuestos locales, recortar programas escolares o eliminar otros servicios.
El conflicto tiene también su lado político. La reforma propuesta es además una acción política contra el Jefe de Gobierno del Distrito Federal antes de las elecciones presidenciales del año próximo. El Jefe de Gobierno, Andrés Manuel López Obrador, del Partido de la Revolución Democrática (PRD) de centro izquierda encabezaba las encuestas de opinión como candidato a la presidencia. El Presidente Vicente Fox, del Partido Acción Nacional (PAN), de centro derecha electo en 2000, no puede postularse otra vez en las elecciones de 2006. Y el otro candidato, Roberto Madrazo del Partido Revolucionario Institucional (PRI), ocupaba el segundo lugar en las encuestas.
La propuesta de reforma puso en discusión el pacto federal a tal grado que el Jefe de Gobierno y su partido, que es mayoría en la Asamblea Legislativa amenazaron con romper el convenio fiscal con la federación.
El poder federal y la política de partidos
El impulso al federalismo en México ha sido bloqueado o distorsionado con frecuencia con fines políticos, ya sea por el PRI, que estuvo en el poder durante más de 70 años, o por el partido gobernante actual, el PAN.
El argumento para que la educación en el Distrito Federal estuviera financiada por el gobierno federal se ha basado en la equidad, la pluralidad cultural y la diversidad étnica y territorial nacional. Se argumenta dentro de los motivos de la reforma al Artículo 122 que la capital del país tiene algunos privilegios fiscales en el terreno educativo frente a los 31 estados de la República. Pero la historia de los últimos 70 años
Medardo Tapia Uribe nació en Zacatepec, Morelos. Es Investigador Titular del Centro Regional de Investigaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) desde 1989 y profesor de estudios de licenciatura y posgrado en diversas instituciones de educación superior de México.
federal dio un tratamiento de excepción al gobierno de la ciudad de México al dejarlo bajo la tutela directa del Presidente de la República. El Gobierno del Distrito Federal no tuvo asamblea de representantes sino a partir de 1987 y en 1997 los ciudadanos de la ciudad pudieron elegir por primera vez a su Jefe de Gobierno, que antes de esa fecha era designado por el Presidente de la República.
¿Es necesario el cambio constitucional?
Los críticos han declarado “innecesaria” la reforma al Artículo 122, ya que desde 1973 la Ley Federal de Educación obligaba al Distrito Federal a asignar un 15% de su presupuesto de egresos a la educación, prescripción que le fue ratificada en la Ley General de Educación de 1993 “de concurrir al financiamiento de los servicios educativos”, sin determinar un porcentaje.
Con la segunda federalización educativa, ejecutada en 1992 con el Acuerdo para la Modernización de la Educación Básica y Normal, se acordó con todas las entidades federativas del país la administración descentralizada de esos servicios educativos, exceptuando al Distrito Federal por las mismas razones históricas. Ninguna de las entidades federativas podía hacer contribuciones significativas a planes y programas de estudio, libros de texto, sistemas de evaluación, ni a la formación y actualización de maestros de educación básica. Esta segunda federalización no permitía un control local eficaz.
La reforma al Artículo 122 ya fue aprobada por la Cámara de Diputados y está en espera de la decisión del Senado. Si la reforma es aprobada, el gobierno federal retendrá la porción que antes daba al Distrito Federal para darla a otros estados. Los estados que recibirían la aportación del Distrito Federal serían las entidades que aportan más que el promedio general nacional, en particular, Nuevo León y el Estado de México. Esta fórmula no beneficiará a los estados más necesitados y con mayor población indígena del país, como Chiapas entre otros. Es innegable que se necesita mejorar la calidad de la educación básica y dinero adicional para lograrlo. En 2003, los estudiantes mexicanos de 15 años de edad ocuparon el lugar número 37 en PISA, una evaluación a nivel mundial de 40 países.
Esta controversia se ha convertido en un debate sobre federalismo y no sobre educación. No ha probado ser la manera de enfrentar los problemas educativos de calidad y equidad.
Federaciones Vol. 4 No. 3 / marzo de 2005