El tsunami no logra poner fin a las disputas y la desconfianza en Sri Lanka

Clientelismo y divisiones ideológicas

El contexto político más amplio también contribuyó a que la respuesta fuera un tanto confusa. El próximo año, 2006, habrá elecciones presidenciales en Sri Lanka. Hay mucho en juego, dado el poder casi autoritario de quien ostenta el cargo. El

gobierno puede emplear una gran cantidad de la ayuda en aquello que es la perdición de la política de Sri Lanka: el clientelismo. Dinero, préstamos, permisos y todo tipo de favores se reparten generosamente entre amigos y simpatizantes. Aun cuando la oposición combata cualquier proyecto o programa que facilite esta práctica, el gobierno en funciones inevitablemente seguirá buscando la manera de maximizar su influencia política a través del clientelismo.

Las diferencias ideológicas y políticas de la coalición en el poder han salido a la superficie en la etapa

posterior al tsunami. La agrupación mayoritaria, Alianza del Pueblo, es de centro y está dispuesta a trabajar con el sector privado y con instituciones financieras internacionales. Por su parte, el grupo minoritario, el JVP, que ve en Cuba y Corea del Norte un modelo económico a seguir, ve con gran suspicacia al sector privado y tiene una aberración casi patológica por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional.

Por lo que respecta al conflicto étnico, la Alianza del Pueblo está comprometida con las negociaciones de paz, y busca el diálogo con los LTTE. Por su parte, el JVP se ha visto renuente incluso a reconocer la existencia de un conflicto étnico y ha preferido catalogarlo como un problema de terrorismo.

Estas diferencias significativas no se manifestaban cuando ambos partidos se oponían a las políticas del Partido de Unidad Nacional (UNP, por sus siglas en inglés), partido “liberal” y pro empresarial, que ocupó el poder entre 2001 y 2004. En ese entonces era fácil estar de acuerdo en las críticas generales, muchas de las cuales estaban bien fundamentadas. Las políticas económicas del UNP marginaban a los pobres que vivían en las zonas rurales, es decir, a los campesinos pero favorecían a los ricos y a los corruptos. Además, las negociaciones del UNP con los LTTE eran excesivamente pragmáticas y débiles en cuanto a principios, compromiso con los derechos humanos y pluralidad.

Sin embargo, cuando la coalición actual ocupó el poder, las realidades económicas y políticas demandaron alternativas positivas y más específicas para los dos mayores desafíos. Se abrió la brecha entre los dos partidos y la presidenta Kumaratunga (del partido más grande y moderado, Alianza del Pueblo) luchó por mantener unida a la coalición y por comprometerla en políticas comunes.

Federaciones Vol. 4, No. 4 / 2005

El 26 de diciembre de 2006 el tsunami arremete en medio de un contexto de profunda división dentro del gobierno; de división entre la coalición en el poder y el principal grupo democrático de oposición; de división entre el Gobierno de Sri Lanka y los partidos políticos en el sur y los LTTE en el norte y el este (dos zonas que reclaman como tierra natal de la comunidad tamil).

Los débiles fueron los más afectados por la devastación

La respuesta inicial de la administración de Kumaratunga fue perfectamente consistente con la cultura política de centralización de Sri Lanka. Los partidos de la coalición que siempre se habían opuesto al sistema presidencial autoritario y que habían prometido abolirlo, no tuvieron reticencias para fortalecerlo aún más con la creación de una serie de instituciones bajo el control directo de la Presidenta en las que, si acaso, había pocos mecanismos que permitieran la vigilancia parlamentaria, la transparencia y la rendición de cuentas. Dos semanas después del tsunami, el gobierno anunció la formulación de un Plan de acción integral de desarrollo y reconstrucción de la infraestructura y la creación de una dependencia con el nombre, un tanto presuntuoso, de Autoridad para la Reconstrucción Nacional.

También surgió la preocupación colateral de que los más afectados por el tsunami no fueran a ser consultados o no participaran en el diseño de los programas para su propia rehabilitación y no fueran a ser compensados adecuadamente por las dificultades que tuvieran que atravesar debido a su reubicación.

Por ejemplo, el grupo más afectado, tanto en el este como en el sur, fue la comunidad de pescadores. Los planes de rehabilitación buscaban impedir que los pescadores regresaran a las playas e imponían limitaciones estrictas a la construcción de viviendas cerca de la costa. Sin embargo, no habría una prohibición similar para hoteles y casas de huéspedes que la comunidad empresarial, con gran influencia política en el país, posee y administra. Más aún, ya que las comunidades pesqueras habían vivido –para bien o para mal– durante años frente a la playa, los programas de reubicación deberían haber incluido mecanismos para enfrentar los nuevos retos de almacenamiento, transportación, seguridad de barcos, equipo y todo lo demás que conlleva la vida pesquera.

El debate sobre el federalismo

El establecimiento de un grupo de trabajo presidencial para coordinar las respuestas después del tsunami y la propuesta de la Autoridad para la Reconstrucción Nacional se contraponían totalmente con la dirección que el país debería seguir si la solución política al prolongado conflicto étnico de la isla se basara en una reforma constitucional y una política radical.

Los partidos de la coalición gobernante habían prometido abolir el impopular sistema ejecutivo presidencial centralizador. La Presidenta y su partido creen que la solución tendría que estar basada en principios federales y, de hecho, en 2000, facilitaron la redacción de nuevas propuestas constitucionales de características casi federales.

El partido opositor, el UNP, y su líder parecen reconocer que cualquier solución real al conflicto étnico tendría que ofrecer una alternativa viable a las demandas de los LTTE sobre la autodeterminación del pueblo tamil. Los liberales de las tres comunidades principales así como diversos grupos de la sociedad civil han hecho campaña desde hace veinte años, aproximadamente, a favor de una solución de tipo federal que sirva para conciliar los intereses en pugna de todos los actores involucrados en el conflicto.

Tanto la respuesta inicial como la respuesta institucional propuesta por el gobierno fueron contrarias a estas iniciativas que favorecían el federalismo como medio para resolver el conflicto.

Temor de que los LTTE busquen sacar ventaja

Otro factor que complicaba la situación era que tras el prolongado conflicto militar, los Tigres de Liberación de Tamil Eelam habían arrebatado el control de gran parte de las provincias del norte y del este al Gobierno de Sri Lanka y, de facto, ejercían el control sobre ellas. Los LTTE habían establecido sus propias instituciones en estas zonas, que incluían un servicio policial, juzgados y distintos mecanismos administrativos. Aun cuando la campaña a favor de una solución de tipo federal al conflicto continuaba, había muchos escépticos que creían que el único objetivo de los LTTE, incluso durante las negociaciones, era convertir el poder que ejercían de facto en partes del norte y el este en un control legal, de jure, sobre la totalidad de la región. En otras palabras, su objetivo permanente era establecer un Estado nacional independiente en el norte y el este de la isla.

La teoría de estos escépticos cobró fuerza a partir de octubre de 2003, cuando hubo indicios de que los LTTE trataban de distanciarse de los acuerdos alcanzados en Oslo en diciembre del año anterior durante las pláticas de paz que Noruega había facilitado. Los LTTE, que hasta Oslo habían hecho demandas respecto a lo que se conoce como los cuatro Principios Thimpu –independencia, una patria tradicional tamil, el derecho de la nación tamil a la autodeterminación y la equidad absoluta–, acordaron esclarecer algunos de los puntos ambiguos de estos principios y accedieron a explorar una solución federal con base en la autodeterminación interna de una Sri Lanka unida.

Muchos consideraron que este acuerdo marcaría un hito; sin embargo, las pláticas se suspendieron cuando la manera de implementarlo y un tratado sobre derechos humanos estaban por discutirse. Hubo otros factores que sin lugar a dudas contribuyeron a la suspensión de las negociaciones en marzo de 2003. De cualquier forma, la renuencia de los Tigres de Liberación de Tamil Eelam a refrendar la fórmula de Oslo y la ausencia de referencia alguna a ella en la serie de propuestas presentadas en octubre de 2003 sobre una autoridad interina autogobernada fortalecieron el argumento de los escépticos que creían que una parte importante de línea dura de los LTTE seguía firme en su objetivo de alcanzar un Estado nacional independiente.

Aunque la disputa sobre las visitas e itinerarios de dignatarios extranjeros, la definición de qué lugares deberían visitar y con quién deberían reunirse sea desafortunada, debe entenderse en el contexto de suspicacia y desconfianza profundas que existe entre el Gobierno de Sri Lanka y los Tigres de Liberación de Tamil Eelam. El gobierno, que no confía en el compromiso de los LTTE con una solución que contemple un país unido, temía que los LTTE explotaran una visita a las zonas afectadas por el tsunami controladas por ellos para hacerse una publicidad que fortaleciera su campaña en busca de reconocimiento y legitimidad internacionales. Por otra parte, los Tigres de Liberación de Tamil Eelam veían en la actitud del gobierno un ejemplo más de su visión centralizadora y “mayoritaria”.

Como están las cosas, los retos que surgieron con el tsunami han empeorado una situación ya de por sí difícil y compleja. Sin embargo, debe continuar la campaña a favor de una solución política justa basada en el federalismo y la autodeterminación interna, la democracia, los derechos humanos y la pluralidad.

Sri Lanka no tiene otra alternativa si quiere alcanzar una paz justa y duradera.

Federaciones Vol. 4, No. 4 / 2005 www.forumfed.org