principales críticos de la afroamericanos se beneficiaron de estas disposiciones de

Ley de Equidad de Litigios de

acción popular en los litigios por derechos civiles para

Acción Popular de 2005

recusar políticas gubernamentales discriminatorias.

aprobada por el Congreso de los Estados Unidos a

raciales y religiosas, de los discapacitados mentales y de

los beneficiarios de servicios gubernamentales.

Rápidamente, los abogados empezaron a presentar demandas de acción popular a nivel estatal aduciendo una amplia gama de daños comunes causados por prácticas financieras empresariales; productos manufacturados, como asbestos, tabaco, armas de fuego, fármacos y automóviles, así como por la degradación ambiental a consecuencia de que las corporaciones desecharan contaminantes en aguas y tierras. Los litigios de acción popular se convirtieron en una institución en los Estados Unidos, una institución que regulaba la industria e impulsaba la creación de una política social.

Los casos se turnan a la corte federal

La Ley de Equidad de Litigios de Acción Popular representa un “mar de cambios” en la ley estadounidense. Da una nueva forma al federalismo judicial estadounidense, a los litigios privados de acción popular y al poder corporativo.

La Ley modifica el derecho de los demandantes en litigios de acción penal a elegir el lugar en el que se conocerá su causa. A esto se le llamó “diversidad de jurisdicción” en el sistema legal. Cuando se redactó la Constitución de los Estados Unidos, en 1787, los constituyentes evitaron la controversia política estableciendo un sistema dual de tribunales.

Alos sistemas de cortes existentes en los estados se les atribuyó competencia sobre los delitos cometidos dentro de sus fronteras y sobre la mayoría de las disputas, mientras que las cortes federales adquirieron competencia sobre los delitos y conflictos civiles de los que el gobierno federal formara parte,

o que tuvieran lugar en tierras federales, o que traspasaran las fronteras estatales o internacionales.

Hace dos siglos, al aprobar la Ley del Sistema Judicial Federal de 1789, el Congreso permitió a las cortes federales –y también a las estatales– conocer “controversias entre ciudadanos de diferentes estados”, a lo que se ha llamado casos de diversidad de ciudadanía. El objetivo era evitar la “comida hecha en casa”, o el prejuicio de las cortes estatales en contra de las partes ajenas al estado. Más aún, la Suprema Corte determinó que los demandados en casos de diversidad podrían promover

Federaciones Vol. 4, No. 4 / 2005

sus casos de una corte estatal a una federal simplemente comprobando que la disputa correspondía a una ley federal constitucional o estatutaria, o que había existido “mala fe” o discriminación en su contra en los tribunales estatales.

La Ley de Equidad de Litigios de Acción Popular incrementa significativamente el papel de las cortes federales en la decisión sobre casos que involucran a ciudadanos de distintos estados. Salvo algunas excepciones, obliga a las cortes federales a considerar cualquier acción popular si más de una tercera parte de los miembros demandantes son de más de un estado. Esta situación es probable en la mayoría de los casos relativos a daños causados por productos manufacturados.

Además, la Ley facilita que los demandados corporativos en litigios de acción popular soliciten que sus casos sean turnados a los tribunales federales. Los demandados no necesitan demostrar mala fe judicial, sólo una mínima diversidad de ciudadanía entre los miembros del grupo demandante y que el grupo tenga un mínimo de cien miembros y un total de 5 millones de dólares en litigo. Este cambio hace posible que las compañías eviten ser juzgadas por miembros de jurados estatales conformados por personas seleccionadas al azar en comunidades con una gran población pobre, de minorías o políticamente liberales que pudieran estar inclinadas a no apoyar intereses corporativos.

Estos cambios refuerzan la autoridad de los jueces federales para conocer conflictos y establecer políticas cuando las partes afectadas menos favorecidas, y quienes reclaman sus derechos, presentan sus demandas en contra de gobiernos estatales y locales o de corporaciones.

Como si lo anterior no fuera suficiente, la Ley cambia las reglas para demandas con partes múltiples. Establece una nueva forma de “acción masiva” en la práctica legal estadounidense. Cien o más demandantes ya no califican como un grupo para un caso de acción popular si están argumentando las mismas cuestiones de hecho y derecho. Su litigio ahora será considerado como un caso de acción masiva. La Ley indica que en un litigio de acción masiva, cualquier acusado individual al que se le demande por 75 mil dólares estadounidenses o más, debe presentar su caso ante una corte federal, mientras que aquéllos que no rebasen esa cifra podrán litigar en una corte estatal. Los demandados pueden utilizar esta norma para “dividir y vencer” a quienes los demandan en este tipo de casos. Aquellos casos en que los demandantes sufren pérdidas mínimas, como un pequeño cobro excesivo por un producto, suelen ser demasiado costosos como para litigar. Además de reforzar nuevamente la autoridad de los tribunales federales, esta disposición podría reducir los gastos legales de las corporaciones.

La Ley también modifica la manera en que se paga a los abogados de los demandantes. Los abogados de casos de acción popular suelen ser pagados a través de una “tarifa de contingencia”. Sin embargo, la Ley ha cambiado la manera en que se calcula esta tarifa. Al abogado se le paga un porcentaje –generalmente entre veinte y cuarenta por ciento– de la indemnización monetaria de los casos que ganan. Si pierden, no cobran.

La Ley también abre la posibilidad de cambiar las compensaciones por daños. Además de la indemnización por daños, los jueces y miembros del jurado de las cortes estatales estadounidenses pueden conceder a la parte perjudicada “daños punitivos”, penalidad en contra del demandado que supuestamente le enseñará a éste –y a otros– a no involucrarse en el futuro en actividades perjudiciales.

Los daños punitivos, que las leyes estatales rara vez limitan, son una concesión discrecional que puede llegar a los cientos de millones de dólares. Son un incentivo económico para promover los litigios de acción popular cuando se trate de un producto al consumidor de costo relativamente pequeño, como un dispositivo anticonceptivo o la grabación de un disco compacto. Sin embargo, para los casos presentados ante los tribunales federales, existen leyes que limitan la concesión de daños punitivos y la Suprema Corte establece lineamientos para controlarlos.

Por lo tanto, la jurisdicción federal en litigios de acción popular puede permitir, en ciertas ocasiones, que los demandados corporativos eviten amplias y costosas concesiones de daños punitivos.

Las diferencias políticas

Detrás de los cambios legales que conlleva la Ley, se esconde una amarga división política. El empresariado estadounidense, especialmente a través de un grupo de interés –la Cámara Estadounidense de Comercio– considera que el litigio de acción popular y las decisiones de los jueces a favor de los consumidores son contrarios a los intereses comerciales. En estas decisiones, la iniciativa privada ve aumentos en los costos de seguros, gastos en administración del riesgo y tarifas legales, así como restricciones en la explotación de los recursos naturales. Afirma que estos costos disminuyen la competitividad de las compañías estadounidenses en una economía global y que cuestan empleos a los ciudadanos estadounidenses.

La iniciativa privada ha buscado proteger sus intereses a través de contribuciones a los candidatos, particularmente del Partido Republicano, y del cabildeo para restringir los litigios de acción popular y revisar otras normas legales que aumentan el costo de los seguros. Las minorías, los consumidores, los ambientalistas y sus abogados han intentado contrarrestar la influencia de la iniciativa privada por medio de contribuciones y alianzas políticas con legisladores federales y estatales del Partido Demócrata. El hecho de que la Ley de Equidad de Litigios de Acción Popular de 2005 haya sido aprobada es una victoria de los intereses empresariales en este conflicto.

Irónicamente, la Ley es una transferencia de obligaciones y de poder hacia el poder judicial federal apoyada por el Partido Republicano que, desde la década de los treinta, ha sido defensor de los estados y del gobierno descentralizado. Se ha opuesto a un papel más importante del gobierno federal y ha buscado que la iniciativa privada estadounidense goce de mayores libertades respecto de las regulaciones federales. Sus voceros (como Tom DeLay, líder de la mayoría en la Cámara de Representantes) suelen clamar en contra de un poder judicial federal “activista”. De cualquier forma, la Ley de Equidad de Litigios de Acción Popular permite a las empresas federalizar el proceso y crear nuevas actividades para la judicatura federal que el ministro presidente William Rehnquist, un republicano conservador, considera que ya ha entrado en una “crisis de financiamiento”.

La lección de la Ley es que el federalismo, lejos de ser un principio inmutable de la gobernanza constitucional estadounidense, es un símbolo utilizado con frecuencia para justificar ciertos objetivos políticos partidistas. Sin embargo, las amenazas contra el federalismo y la centralización del poder en el gobierno federal, como las que continuamente preocupan a la iniciativa privada de los Estados Unidos y a los republicanos, a veces simplemente desaparecen. Suelen desaparecer cuando dificultan la capacidad de las empresas de ganar dinero. Eso es lo que ha sucedido con la ampliación de competencias del poder judicial federal y la resultante reducción de las responsabilidades judiciales estatales que esta Ley conlleva.

Federaciones Vol. 4, No. 4 / 2005 www.forumfed.org