Australia: la evolución de una Constitución

KA TY LE ROY / CHER YL SAUNDERS

La Constitución federal australiana ha estado vigente más de 100 años, durante los que ha demostrado capacidad de adaptación ante distintas circunstancias. El texto de la Constitución ha cambiado poco desde 1901 – sólo ocho de 44 referendos han logrado modificarlo. Sin embargo, el significado y la forma en que opera el texto han evolucionado en forma gradual a través de la interpretación judicial y las distintas prácticas políticas. Uno de los principales cambios a lo largo de esta evolución ha sido la expansión paulatina de las facultades de la Mancomunidad – o gobierno federal – y del parlamento. Aunque el sistema de gobierno establecido por la Constitución se mantiene estable, hoy en día existen argumentos a favor del cambio constitucional con el propósito de proteger los derechos de forma más eficaz e instaurar la república australiana.

La Constitución de Australia fue negociada durante la última década del siglo XIX y entró en vigor el 1° de enero de 1901. No fue resultado de un levan-tamiento, sino consecuencia del anhelo de formar – por razones prácticas – una unión limitada entre las seis colonias que se convertirían en los estados australianos. La Constitución combina el

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estilo de federalismo de Estados Unidos con las instituciones de gobierno de responsabilidad parlamentaria de Gran Bretaña, de acuerdo con las cuales el primer ministro debe electo entre los miembros del Parlamento. La nación está compuesta por seis estados, dos territorios continentales, con autogobierno, y algunos territorios externos.

Aunque la Constitución originariamente fue promulgada por el Parlamento británico, Australia ha logrado su independencia de Gran Bretaña gradualmente, sin cambios constitucionales formales, ni rompimientos en la continuidad legal. A esto hay que añadir que la Constitución australiana fue aprobada mediante un proceso relativamente popular de referendos en las seis colonias. Se trata de un documento bastante breve, que consta de 127 artículos y 11,908 palabras.

Los dos objetivos principales de la Constitución fueron: establecer una federación y mantener las instituciones del gobierno nacional. Estas metas han sido alcanzadas satisfactoriamente, a pesar de que la brevedad del documento se preste a malentendidos sobre ciertos aspectos de la forma en que opera el gobierno australiano en la actualidad. La Constitución presupone el derecho consuetudinario entonces ya en uso, sobre el que se erige; muchas normas importantes de carácter constitucional no están contenidas en la Constitución formal.

Ya se ha podido comprobar lo difícil que es modificar el texto de la Constitución australiana. Para que un proyecto de reforma a la Constitución aprobado por el Parlamento devenga ley, debe ser sancionado mediante referéndum por mayoría de votos a nivel nacional y también por mayoría de votos en la mayor parte de los estados. Como se dijo anterior-mente, únicamente ocho de las 44 propuestas de enmienda han tenido éxito. Este bajo número quizá se deba al intenso carácter de confrontación del proceso de referéndum, a la falta de comprensión de las propuestas de cambio o al conservadurismo de los votantes en materia constitucional, que despierta relativamente poco interés en Australia. En general, los australianos dicen conocer muy poco sobre su Constitución. El conocimiento que la ciudadanía pueda tener al respecto se complica porque el texto constitucional no se ocupa de algunas de las instituciones gubernamentales que les son más familiares a los ciudadanos, entre ellas, el gabinete y la oficina del primer ministro.

En la última década del siglo XX, el tema principal del debate constitucional era si Australia debía romper sus vínculos formales con la Corona y establecer una república, así como la modalidad que ésta podría adoptar. El referéndum de 1999 sobre este punto fracasó, en gran medida, por las deficiencias percibidas en los modelos alternativos propuestos. Es probable que la posible instauración una república continúe siendo el tema constitucional dominante durante la primera parte del presente siglo, no tanto por las dificultades prácticas específicas que pre-sente, sino por motivos simbólicos.

Australia

Ni la Constitución de la Mancomunidad, ni las de los estados, incluyen una declaración o carta de derechos. La Constitución no habla explícitamente de la protección de los derechos individuales, aunque un puñado de restricciones a las facultades de la Mancomunidad tiene un efecto similar. En la época en que se redactó la Constitución, los países con tradición constitucional británica estaban satisfechos con que se protegieran adecuadamente los derechos por otros medios. A diferencia de otros países equiparables – incluyendo al mismo Reino Unido – Australia se ha mantenido apegada a esta postura. Intentos sucesivos por establecer una declaración nacional de derechos han fracasado. Congruentes con este punto de vista un tanto displicente sobre la capacidad del sistema legal ordinario para proteger los derechos de forma adecuada, las leyes australianas, en general, no han incorporado los instrumentos internacionales de protección a los derechos humanos sucritos por el país. Se supone que la ley australiana está en conformidad con ellos. Aunque las acciones correctivas sean posibles, no siempre estarán al alcance de la mano si – como ocurre en algunas ocasiones – se demuestra lo equivocado de estas suposiciones.

Actualmente, Australia es el único país en el mundo del derecho consuetudinario en que no existe una defensa sistemática de los derechos individuales. Parece probable que los derechos sean materia de debate constitucional en algún momento futuro. Resultaría un reto menor para las instituciones electas del gobierno nacional que el Parlamento de la Mancomunidad promulgara una declaración legislativa de derechos en ejercicio de sus facultades de formulación de leyes en materia de "asuntos exteriores", por lo que podrían preferir esta posibilidad a una declaración de derechos constitucional. Por otro lado, dicha legislación de la Mancomunidad invalidaría las inconsistentes leyes estatales, y por tanto, podría provocar la opo

sición de los estados. Ante estas dificultades, es probable que en el futuro inmediato la protección de derechos en Australia siga utilizando los mecanismos tradicionales del Parlamento y los tribunales aplicando el singular derecho consuetudinario australiano. En algunos sentidos, la Constitución ha sido notablemente exitosa. Reunió y mantuvo unidas, de forma pacífica, a todas las partes de un país geográficamente muy extenso, resistiendo, al menos, una ame-

naza seria de secesión. Ha sido el principal instrumento constitutivo por más de un siglo de gobierno democrático estable. Ha sido lo suficientemente flexible para adaptarse al cambio dramático de circunstancias – incluyendo la transición a la independencia australiana. Ha establecido el marco gubernamental en el que se

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han desarrollado y florecido las Mancomunidad, los estados y los territorios. Sin embargo, debido en parte a su antigüedad, la Constitución ha llegado a ser cada vez más irrelevante para la estructura y operación del gobierno australiano, al menos para quienes consideran que el propósito de las constituciones es estructurar el poder y controlar su abuso. Es probable que la Constitución necesite mayores modificaciones, lo cual requerirá de un mayor conocimiento ciudadano del sistema constitucional, un sólido debate público y algunos cambios de actitud.