Bélgica: ambigüedad y desacuerdo

KRIS DESCHOUWER

La transformación de Bélgica en un país federal se hizo gradualmente, mediante un proceso que se inició en la década de 1970 y culminó a principios de la década de 1990. La razón para instaurar el federalismo fue poder manejar las tensiones entre el norte de habla neerlandesa y el sur francófono. Curiosamente, el norte y el sur aún tienen visiones un tanto diferentes de su sistema federal. Este desacuerdo se extiende hasta la Constitución. A la vez, el norte y el sur todavía no han logrado un acuerdo sobre la definición misma de los derechos de lenguaje y los grupos minoritarios, por lo que estos conceptos no están definidos con claridad en la Constitución. La ambigüedad que prevalece y los profundos desacuerdos forman parte de los ingredientes básicos de una estructura federal que – sorprendentemente – continúa funcionando de manera bastante eficaz y sin mayores conflictos.

El sistema federal de Bélgica nació oficialmente en 1993, después de un conjunto de reformas poco sistemáticas hechas con el propósito de reconciliar las diferencias etnolingüísticas. Los artífices de la Constitución belga no hallaron inspiración, como tal, en los modelos existentes de los países federales. La federación belga no fue el resultado de la implemen

Kris Deschouwer

tación de un proyecto; tampoco hubo una mente que inventara o tuviera una visión de la nueva Bélgica. Más bien, fue el fruto de una serie de delicados acuerdos entre dos perspectivas diferentes de cómo reformar el antiguo Estado unitario.

Probablemente el rasgo más asombroso de la federación belga sea su naturaleza dual. Bélgica es una federación de comunidades lingüísticas y también de regiones territoriales. Esta doble federación es consecuencia de dos puntos de vista contradictorios sobre la configuración ideal del país entre los hablantes de neerlandés y los de francés. Las primeras demandas a favor de la transferencia de facultades procedieron de los hablantes de neerlandés y se basaron en la defensa de su idioma. Pedían la autonomía de las dos comunidades lingüísticas mayoritarias. Bruselas – situada al norte la frontera lingüística – debería ser incorporada a la comunidad de habla neerlandesa o comunidad flamenca o, en su defecto, estar íntimamente vinculada a ella. Por su parte, los francófonos abogaban porque se otorgara autonomía a las regiones, lo cual significaba que Bruselas – con una población 85% de habla francesa – se convertiría en una región de la federación belga, en lugar de ser parte de la comunidad flamenca.

La compleja doble federación fue la salida a esta encrucijada. Bélgica creó tanto las comunidades lingüísticas sugeridas por los neerlandeses, como las regiones territoriales que deseaban los francófonos. Las tres

regiones son: la Valonia francófona, la Bruselas

bilingüe y el Flandes neerlandés. La comunidad neerlandesa puede ejercer sus facultades en la región flamenca y en Bruselas, y la comunidad de habla francesa puede hacerlo en la región de Valonia y en Bruselas. Ciertamente, este arreglo es mucho más complicado que los de otras federaciones, que simplemente se encuentran divi

didas en subestados territorialmente definidos. Pero tiene la gran ventaja de brindar una solución a dos puntos de vista divergentes – y en gran medida incompatibles – sobre la naturaleza misma de la nación. Por tanto, la Constitución federal belga acepta y define dos visiones del país y les permite coexistir.

Aun así, dicha coexistencia no está libre de problemas. La ciudad de Bruselas es ahora una región donde la minoría de habla neerlandesa necesita protección. Los hablantes de neerlandés tienen un número reservado de escaños en el parlamento regional y la mitad de los ministros del ejecutivo de la región.

El establecimiento de la región flamenca, al norte del país, también ha dejado a alrededor de 60,000 francófonos del "lado equivocado de la frontera". Por lo tanto, los francófonos de Flandes necesitan ser protegidos. La solución práctica para estos hablantes de francés ha sido crear una condición de excepción para las comunidades que habitan, conocidas como

Bélgica 13

"communes à facilités". Los francófonos que habitan en dichas comunidades pueden comunicarse en francés con las autoridades públicas regionales y federales.

Sin embargo, ha surgido la controversia en torno a la definición, interpretación y alcance de estos derechos del idioma francés en territorio flamenco. Al encontrarse entre muchos hablantes del neerlandés, los servicios en francés, que son limitados, se consideran una excepción temporal del principio de territorialidad, un medio para dar cabida a las minorías lingüísticas hasta que aprendan a hablar el idioma de la región suficientemente bien para comunicarse con las autoridades públicas. Aunque en estas zonas reservadas los derechos minoritarios están respaldados por la Constitución, con frecuencia Flandes exige que sean retirados porque son una excepción a la regla del lenguaje con base territorial. Los hablantes de neerlandés argumentan que la relación entre los grupos lingüísticos ha sido establecida por la organización federal del estado belga.

Definitivamente, los francófonos tienen una opinión completamente diferente sobre los derechos lingüísticos. Consideran que los francófonos en Flandes son una minoría que necesita de la misma protección formal que ha recibido la muy reducida minoría de habla neerlandesa en Bruselas. Rechazan la idea de que los derechos de los hablantes de francés en Flandes sean considerados una medida transitoria. Al contrario, piensan que son fundamentales, e incluso argumentan que no deberían estar restringidos a un pequeño número de "communes à facilités". Por ejemplo, en ciertos municipios con minorías francófonas significativas, los hablantes de francés no tienen protección alguna. Esto incluye a los francófonos que viven en Amberes y Gante, las principales ciudades flamencas.

Los francófonos de Bélgica se remiten al derecho internacional – en especial, al Convenio marco sobre la protección de las minorías nacionales del Consejo de Europa – para exigir mayor protección general a los francófonos en Flandes. Definen a estos últimos como una minoría que merece la debida defensa cultural, mientras que los hablantes de neerlandés afirman que los derechos lingüísticos deben estar fundamentados en un vínculo claro entre territorio y uso de la lengua. En pocas palabras, los hablantes de neerlandés no están de acuerdo con que se otorguen derechos lingüísticos o culturales explícitos a los grupos minoritarios que viven en la parte de habla neerlandesa de la nación.

Este debate es característico del discurso público que se ha dado en Bélgica por décadas. Hasta los años ochenta del siglo pasado, estas polémicas y las consecuentes controversias provocaron el final anticipado de un considerable número de gobiernos belgas. Es una prueba para el modelo actual que ha sido capaz de sostenerse a pesar de las marcadas diferencias de opinión y la ambigüedad prevalecientes.