Nigeria: la necesidad de un buen gobierno

IGNA TIUS AKAA Y AR A YUA

Nigeria nació en 1900, como Protectorados Británicos de Nigeria del Norte y del Sur y de la Colonia de Lagos. Estas unidades se amalgamaron bajo una única administración británica en 1914 y, desde entonces hasta 1954, Nigeria fue gobernada como Estado unitario. Ésta es una historia familiar para los estudiosos del imperialismo europeo: el nuevo Estado – Nigeria – no fue creado por la unión voluntaria de unidades políticas previamente existentes, íntimamente relacionadas y en libre concertación, sino impuesta por un poder imperial, sobre un territorio demarcado artificialmente, que alberga una población de pueblos heterogéneos que hasta entonces eran esencialmente desconocidos entre sí. En el contexto del surgimiento de la federación nigeriana, la falta de un ambiente propicio para una verdadera negociación sobre las relaciones entre la federación y los estados explica parcialmente varios de los retos constitucionales que actualmente enfrenta Nigeria, incluyendo la distribución de facultades, la participación en los ingresos, la unidad del poder judicial y los derechos de los "indigene".

Aunque formalmente fue gobernada como Estado unitario durante 40 años, Nigeria estuvo compuesta por tres regiones administrativas bien diferenciadas: la Región Occidental, dominada por los yorubas; la Región

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Oriental, regida por los igbos; y la vasta Región Norteña, donde prevaleció la clase reinante de los Hausa-Fulani, del famoso califato de Sokoto del siglo

XIX. Cuando Nigeria fue transformada en federación bajo la denominada Constitución de Lyttleton de 1954, estas tres regiones fueron las unidades federadas. La última promulgación constitucional de Gran Bretaña relativa a Nigeria – la Constitución de Independencia de 1960 – conservó esta misma estructura federal. Pero desde su independencia, el país ha sido subdividido en cinco ocasiones para dar un total de 36 estados más el Territorio Capital Federal de Abuja.

La historia de la Nigeria independiente ha estado marcada por dos periodos prolongados de gobierno militar – de 1966 a 1979 y nuevamente de 1984 a 1999. Las dos principales constituciones posteriores a la independencia – la de 1979 y la de 1999 – fueron redactadas en el país bajo regímenes militares, antes de que las riendas del poder fueran devueltas a los ciudadanos.

La Constitución de 1979 cambió importantemente la forma de gobierno en Nigeria. Remplazó el estilo de gobierno de gabinete heredado de los británicos, por un sistema presidencial al estilo estadounidense; instituyó a los gobiernos locales como tercer orden de gobierno y promovió una robusta estructura federal para reducir las tensiones étnicas al tomar en cuenta las diferencias entre los grupos étnicos nigerianos. La Constitución vigente, que entró en vigor el 29 de mayo de 1999,

fue el resultado de un proceso de transición encabezado por el gobierno militar del general Abdusalami Abubakar y, salvo ajustes menores, es igual a la de 1979. La Constitución de 1999 se ha mantenido en vigor durante más de cinco años – superando a todos sus predecesoras poscoloniales

y ha sobrevivido a su primera prueba importante: la celebración de los comicios generales nacionales de 2003, que resultaron en grandes renovaciones en las legislaturas federales y estatales, y en cambios de régimen de muchos gobiernos estatales y locales.

A pesar de los esfuerzos de quienes hicieron la Constitución por consolidar las estructuras federalistas, la balanza del poder en Nigeria aún se inclina a favor del gobierno central. Lo anterior se explica

por dos factores primordiales: los largos mandatos ejercidos por una cadena de mando militar unificada y el control ejercido por el gobierno central sobre el recurso económico más importante del país – el petróleo. La fuerza del gobierno central ha provocado profundos resentimientos entre aquéllos que consideran que los estados son demasiado débiles. Muchos piensan que la corrupción a gran escala y los malos manejos gubernamentales de los recursos, que ahora resultan evidentes, se deben a la concentración de poder en el centro. En consecuencia, se han hecho

Ignatius Akaayar Ayua

llamados a una mayor transferencia de facultades a las unidades constitutivas de la federación.

La participación en los ingresos federales se ha convertido en un asunto polémico. Recientemente, el gobierno federal tuvo que solicitar a la Suprema Corte una interpretación constitucional sobre la cuantía de los beneficios que podían obtener los estados "litorales" – los estados que bordean el Golfo de Guinea – de los recursos petroleros submarinos del país, con base en el principio de derivación. Las fricciones que ocasionó la agitación por el control de los recursos, aunado a la falta de comprensión de los mecanismos flexibles para compartir los recursos naturales entre el gobierno federal y los otros órdenes de gobierno, han exacerbado el problema.

Además, la distorsión de algunos principios federales establecidos por la estructura de mando militar y la necesidad de proteger al sistema jurídico de la interferencia política han resultado en un poder judicial centralizado

o unitario en un Estado federal. Aunque este arreglo es antitético al federalismo, se cree de forma generalizada que es la panacea para salvaguardar al poder judicial de las presiones monetarias y las penetrantes influencias que, de otro modo, habrían ejercido los gobiernos estatales.

También conviene enfatizar que los nigerianos han abusado de las disposiciones constitucionales relativas a la "condición de indigene", en detrimento del goce de derechos ciudadanos en el país. La palabra "indigene", acuñada por los nigerianos, se emplea para definir a los nativos de un lugar en particular, con relación a los ciudadanos que han llegado más recientemente a dicha localidad. Los efectos adversos de la deliberada política de apoyo a los indigenes – en oposición a los "colonos"- han sido perjudiciales para los esfuerzos de edificación de un país fuerte y unido.

La democracia nigeriana aún es frágil y, en gran medida, regida por sus crisis. Dichas crisis se atribuyen principalmente al pobre manejo de los diver-sos mecanismos de construcción de consensos y de resolución de conflictos que se encuentran en la Constitución. A pesar de que el sistema federal no haya sido negociado libremente, hay motivos de esperanza porque entre los muchos y diversos grupos étnicos nigerianos tradicionalmente ha existido una inclinación hacia la armonía. Incluso las discrepancias actuales giran primordialmente en torno a la distribución de los recursos nacionales, aunque que se emplean los factores étnicos y religiosos como cortinas de humo.

Nigeria necesita desesperadamente un buen gobierno y un liderazgo receptivo, pues repetidamente ha sido muy mal evaluada en los informes del Índice de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas, particular-mente en lo que se refiere a la erradicación de la pobreza y la mejora de la calidad de vida de la población. El mayor objetivo del gobierno deberá ser el perfeccionamiento de las políticas y estrategias que den marcha atrás a esta preocupante tendencia; de lo contrario, peligrará la gobernabilidad constitucional con cualquier modelo de federalismo, sin importar qué tan ingeniosamente haya sido concebido.