Estados Unidos: un gobierno federal con facultades limitadas

ELLIS KA TZ

Los sucesos internacionales están teniendo un impacto considerable en la manera en que todos los gobiernos funcional y Estados Unidos no es la excepción. Los acuerdos comerciales globales, las demandas en favor del respeto a los derechos humanos e incluso la lucha contra el terrorismo internacional han generado presiones cada vez mayores para centralizar las responsabilidades del gobierno. Para Estados Unidos, estas presiones están causando nuevos cambios en su federalismo, que está en el centro de su estructura constitucional.

El federalismo estadounidense es una delegación de facultades y responsabilidades limitadas al gobierno federal, donde el resto de las facultades se reservan a los estados. Los estados originales del país funcionaban plenamente como órganos constitucionales antes de que se redactara y ratificara la Constitución. Tras la declaración de su independencia del Reino Unido en 1776, once de los trece estados desecharon sus estatutos coloniales y adoptaron constituciones, en las que se estipulaban tanto la estructura como la operación del gobierno, como la protección de las garantías

34 Ellis Katz

individuales. Los estados también se vinculaban entre sí como una confederación al amparo de los Artículos de la Confederación. Sin embargo, cuando esa unión limitada demostró ser inadecuada para enfrentar los retos internacionales y económicos de los años posteriores a la independencia, los estados enviaron delegados a una convención constitucional para, en palabras de la Constitución, "crear una unión más perfecta".

La unión más perfecta establecida por la Constitución de Estados Unidos de 1788 da origen a un gobierno federal poderoso, con una legislatura bicamaral, un jefe del ejecutivo fuerte y una Suprema Corte. Al mismo tiempo, la Constitución confiere al gobierno federal facultades limitadas, aunque muy importantes que no tenía en los Artículos de la Confederación, entre ellas, la de aplicar impuestos y gastar para asistencia pública, y la de reglamentar el comercio interestatal y exterior. Todas las facultades no delegadas al gobierno federal se reservan a los estados, exactamente donde estaban antes de que se redactara y ratificara la Constitución.

La distribución de responsabilidades, que dejó a los estados como responsables casi absolutos de los asuntos internos, ha cambiado con el tiempo. En ocasiones, ha cambiado mediante una modificación constitucional formal, pero las más de las veces ha sido mediante las amplias interpretaciones que ha dado la Suprema Corte de Estados Unidos a la facultad federal en el marco de la cláusula de impuestos y gasto, y la cláusula de comercio interestatal y exterior. La décimo cuarta modificación constitucional, adoptada en 1868 después de la Guerra Civil de Estados Unidos, otorgó al gobierno federal un papel relevante en la protección de los derechos. La décimo sexta modificación, adoptada en 1913, amplió la facultad del gobierno federal a gravar el ingreso, lo que le permitió establecer un sistema de subsidios oficiales que hoy rebasa los $600,000 millones e incide en casi todas las áreas de la política interna. La Suprema Corte de Estados Unidos ha interpretado con gran amplitud el alcance de la autoridad federal conforme a las cláusulas de impuestos y gasto, y de comercio interestatal y exterior. Esto permite que el gobierno federal regule casi todas las formas de actividad económica y el apoyo financiero a una gran variedad de proyectos nacionales. Desde mediados de los años noventa, la Suprema Corte ha tomado algunas decisiones que limitan la autoridad federal y nos recuerdan que el federal es un gobierno de facultades limitadas. Sin embargo, falta por ver si estas decisiones realmente frenarán la expansión de la autoridad federal.

Un efecto de la expansión de la actividad federal en la política interna ha sido la creación de una compleja red de relaciones intergubernamentales, en las que las autoridades locales, estatales y federales negocian tanto la formulación como la aplicación de la política pública. Se suele llamar a este fenómeno federalismo cooperativo. Algunos analistas sostienen que el gobierno federal se ha vuelto tan dominante en su posición negociadora que el federalismo cooperativo ha sido remplazado por una especie de

Estados Unidos

federalismo coercitivo, donde el gobierno federal se anticipa a las leyes estatales, invade las bases impositivas estatales y obliga a los estados a cumplir con políticas federales.

Fuerzas históricas, locales y económicas han configurado el federalismo estadounidense en los últimos 200 años: la compra del territorio de Luisiana a Francia en 1803, la posterior apertura al oeste del país, la Guerra Civil, las modificaciones constitucionales adoptadas cuando ésta concluyó, la inmigración y urbanización, la Gran Depresión y los programas del Nuevo Orden del presidente Franklin D. Roosevelt en los años treinta, la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría que le siguió. Si bien es cierto que estos sucesos ampliaron el papel del gobierno federal en el sistema federal estadounidense, todos los gobiernos

–federal, estatales y locales– hacen más de lo que hacían hace 200 años. Cada vez más, las políticas no son un dominio exclusivo de un solo gobierno, sino que entrañan la cooperación entre todos los órdenes de gobierno.

Hoy, es probable que la globalización, el terrorismo internacional y la demanda de respeto a los derechos humanos afecten el federalismo estadounidense de maneras muy similares, de forma que aumente el poder del gobierno federal y se dé un mayor impulso al federalismo cooperativo. Por ejemplo, Estados Unidos es signatario del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y del Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATT). Estos acuerdos comerciales son acuerdos internacionales vinculantes, que Estados Unidos debe cumplir al margen de sus acuerdos políticos internos. En consecuencia, la Suprema Corte de Estados Unidos puede declarar inválidas las reglamentaciones estatales, porque violan no la Constitución del país, sino tratados internacionales.

El papel del gobierno federal en la aplicación de la ley ha aumentado a causa de la amenaza del terrorismo internacional. Este mayor papel federal no remplaza la aplicación de la legislación local; de hecho, también aumentarán las responsabilidades locales. Sí implica, empero, que la aplicación de la ley, como la mayor parte del resto de las funciones gubernamentales, será cada vez más una responsabilidad compartida y planteará nuevos retos para los esquemas estadounidenses de federalismo cooperativo. Por último, la demanda mundial de respeto a los derechos humanos ejerce nuevas presiones en las prácticas de los estados, en especial en lo referente a la pena capital, que, si bien no viola la Constitución de Estados Unidos, a menudo se percibe como violatoria de normas internacionales.