Federalismo fiscal en Malasia: retos y perspectivas

SAIFUL AZHAR ROSL Y

Aunque la Constitución Federal de Malasia asigna claras responsabilidades a los órdenes de gobierno federal, estatal y local, las facultades tributarias mucho mayores otorgadas al gobierno federal han propiciado una centralización fiscal. El gobierno federal tiene la facultad de recaudar el impuesto sobre la renta de personas físicas y el impuesto a las sociedades, el impuesto sobre ventas y los impuestos por concepto de exportaciones e importaciones. Con escaso margen para recaudar ingresos fiscales, los gobiernos estatales también están sujetos a restricciones constitucionales para solicitar créditos y dependen demasiado de los subsidios y los créditos para enfrentar el gasto creciente ocasionado por el rápido crecimiento económico y la urbanización correspondiente. Los ingresos fiscales obtenidos con tarifas, licencias, derechos de avalúo e impuestos sobre los minerales simplemente no son suficientes para que los gobiernos estatales y locales solventen los gastos de nuestros tiempos.

Para equilibrar esa ecuación, la Constitución asigna al gobierno federal la responsabilidad de prestar servicios de administración, defensa, seguridad interna, educación, medicamentos, salud, trabajo y seguridad social. Hasta cierto punto, estos gastos han generado desarrollo económico en los esta

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dos federados y tal vez constituyan una nivelación indirecta, porque los estados dejan de pagar por servicios públicos básicos e infraestructura, como carreteras interestatales y universidades públicas. En cierto sentido, los gobiernos estatales se preocupan menos por los inminentes déficits fiscales, pues el gobierno federal siempre otorga créditos para financiar estos déficits.

Con facultades tan amplias en materia de tributación y gasto, el gobierno federal tiene la posibilidad de iniciar megaproyectos como el "proyecto de automóviles nacionales", el "proyecto del súper corredor de multimedia" y el establecimiento del Centro de Administración Federal en Putrajaya. Se espera que el proyecto de automóviles nacionales impulse a Malasia en el área de tecnología de diseño automotriz, componentes y motores, aunque los retos que representa la industria automotriz mundial, altamente competitiva, podrían constituir un obstáculo. El súper corredor de multimedia es una iniciativa para la industria mundial de tecnología de la información y las comunicaciones. Por último, el Centro de Administración Federal en Putrajaya es un nuevo centro que tiene como propósito establecer los principales ministerios y departamentos de gobierno en un solo lugar. Mediante un financiamiento estructurado como arrendamiento y adquisición, el gobierno no debe solventar inicialmente el costo de desarrollo. Se espera que las empresas que ganaron los contratos de construcción se capitalicen ellas mismas. A diferencia de los gobiernos estatales, el gobierno federal tiene la facultad de solicitar créditos para financiar el gasto público. En este caso, el pago de arrendamiento constituye también un gasto público.

Aunque no está permitido que un gobierno estatal contrate créditos para llevar a cabo proyectos relacionados con el estado, la Constitución federal no prohíbe que las empresas públicas obtengan recursos por medio de créditos bancarios y títulos de deuda. Por lo general, la privatización en Malasia da origen a empresas controladas por el gobierno tanto en el orden federal como en el estatal, y no implica una transferencia completa de activos de gobierno al sector privado. Más bien, introduce la cultura corporativa en la nueva unidad, pero la mayor participación accionaria sigue perteneciendo al gobierno. Se espera que la privatización aumente la eficiencia y reduzca los gastos de gobierno. Si todo sale bien, una empresa vinculada con el gobierno puede crear nuevos empleos y ampliar aún más la base impositiva federal. Sin embargo, si la empresa fracasa, debe solicitar un rescate del gobierno federal, medida que aumenta la carga de los contribuyentes. Las empresas vinculadas con el gobierno han incursionado en el sector salud, productos automotrices e industriales, transporte, bienes raíces y construcción, instituciones financieras, tecnología, energía eléctrica y comunicaciones.

Las facultades y los recursos fiscales otorgados a los gobiernos estatales se equilibran cuidadosamente en la Constitución federal. Se entrega un

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"subsidio per cápita" a cada estado con base en el tamaño de su población (aunque deberían agregarse más variables a la fórmula actual) y un subsidio para la construcción de caminos de acuerdo con la extensión geográfica de cada estado. También hay subsidios de participación en los impuestos como los subsidios de aumento de los ingresos fiscales, que reflejan los ingresos fiscales producto del crecimiento económico de cada estado. La entrega de los fondos se puede detener o retrasar, pero el financiamiento nunca se corta de tajo. Los créditos federales a la mayoría de los gobiernos estatales suelen quedar cancelados porque los estados no tienen capacidad de pago y en el futuro inmediato no serán independientes en el aspecto financiero.

Tal vez la descentralización fiscal no sea la solución para los problemas fiscales de los estados de Malasia. Debido al reducido tamaño de la mayoría de los estados, la falta absoluta de "economías de escala" tal vez haga que la descentralización fiscal no sea una buena opción. En vez de ello, se podrían revisar los subsidios estatales cada cinco años de modo que los gobiernos

estatales pudieran cumplir con sus promesas a

los electores, en especial en programas como la prevención de asentamientos marginales y el suministro de vivienda subsidiada para los pobres. Un futuro más brillante aguarda a los gobiernos locales, que tienen mayor autonomía que los gobiernos estatales. Un gobierno local puede obtener créditos bancarios y utilizar títulos

respaldados por activos para financiar proyectos considerados provechosos para la localidad. Algunos gobiernos locales poseen activos territoriales sustanciales que se pueden movilizar a fin de recaudar fondos para la formación de capital.

Hay una gran necesidad de examinar el federalismo malasio en un contexto moderno, pues en los últimos veinte años han surgido nuevos problemas. Si consideramos que en 1967 se establecieron en la Constitución federal subsidios especiales para el estado de Sabah y Sarawak, debe ser posible la estructuración de nuevos subsidios de acuerdo con las necesidades actuales, que incluyen la atención a la degradación ambiental en los estados y los problemas de suministro de agua en relación con tres ríos que corren de un estado a otro. Por ejemplo, la falta de fondos estatales para llevar a cabo operaciones de monitoreo no permitieron detener la grave situación de la tala ilegal y la eliminación de desechos tóxicos en ríos, aunque los actos de corrupción por parte de algunos funcionarios de gobierno también pueden haber contribuido a estos problemas.

Otro problema es la centralización fiscal en el ejercicio reciente del gobierno para recortar más los subsidios a la gasolina, lo que ha ocasionado protestas y descontento en la ciudadanía. Estos subsidios ahorrados (es decir, US$1.2 mil millones o MYR4.4 mil millones) se invertirán en mejo

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rar el actual sistema de transporte e infraestructura. Pero la manera en que se distribuye el dinero a los estados y las dependencias federales demandaría una consulta más estrecha entre los funcionarios de todas las esferas de gobierno, aunque el gobierno federal se sigue imponiendo en la decisión final. Además de los aumentos al precio del combustible en virtud de una medida para reducir los gastos de gobierno, el aumento inminente a las tarifas de electricidad en los meses venideros demuestra, una vez más, el control decisivo del gobierno federal en las empresas de servicios públicos y, por ende, la centralización del federalismo fiscal en Malasia.

Hasta cierto punto, el federalismo en Malasia puede favorecer un gobierno federal estable, aunque en el orden estatal no ha tenido un desempeño perfecto. El extraordinario poder tributario del gobierno federal en Malasia constituye un potente instrumento para asegurar el dominio político a largo plazo de cualquier partido político que resulte elegido. Un contrapeso para este poder sería que en el Parlamento y los Consejos Ejecutivos Estatales se estableciera un proceso de diálogo y consulta continuos, sostenidos con vigor y sinceridad.